El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez recibió ayer al Director para Centroamérica de la organización internacional CARE, Gustavo D´Angelo quien presentó al Ministro una reseña de las acciones que dicha entidad realiza en la región centroamericana y los aspectos más relevantes del programa sobre gobernabilidad y ciudadanía. En el encuentro también estuvo presente el Viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Jaime Miranda, la Directora Nacional de Programas para El Salvador de CARE, Margarita Fernández, Coordinadora de la Iniciativa Democracia Activa en El Salvador, Karen Mejía y el Especialista Agropecuario en actividades productivas, Víctor Henriquez.

En la presentación se incluyeron las líneas de acción que ejecuta CARE, las cueles son: desarrollo económico, recursos hídricos, educación, salud, intervenciones humanitarias, y gobernabilidad y ciudadanía.

Sobre esta última, CARE como Coordinador Nacional de la Red Ciudadana por el Cumplimiento Gubernamental de las Cumbres que aglutina a OSC’s en el hemisferio. Busca dar a conocer a la ciudadanía y a las OSC’s los procesos de Cumbres de las Américas, los compromisos que los Gobiernos asumen en ellas y como éstas se vinculan con el desarrollo de los países y la vida de sus ciudadanos.

La iniciativa es liderada por Corporación Participa (Chile) y el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), con el auspicio de la Cooperación Canadiense y la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Parte de la visión de este nuevo gobierno, es hacer un monitoreo continuo del avance en los compromisos adquiridos en las distintas cumbres y además estamos abiertos al seguimiento que se pudiera dar desde la sociedad civil”, manifestó el Ministro Martínez.

En este sentido, D’Angelo planteo al Canciller Martínez, la necesidad de dar seguimiento por parte de la sociedad civil al cumplimiento de las cumbres de las Américas, el cual implica un involucramiento y responsabilidad del gobierno de El Salvador y concretamente de la Cancillería salvadoreña.

Este proyecto tiene una metodología abierta para que los gobiernos puedan evaluar y tomar decisiones sobre los avances que han tenido en el cumplimiento de dichas cumbres. En el caso de cancillería es la Dirección General de Política Exterior la que ha llevado el seguimiento a la temática.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez solicitó a la organización una colaboración en la realización de un taller para que los funcionarios de cancillería asignados para esta tarea reciban una inducción sobre las metodologías de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de las cumbres de las Américas. EL canciller planteó además la necesidad que dichos funcionarios reciban capacitación por parte de la OEA. Al respecto, Margarita Fernández mostró su plena disposición para realizar la capacitación.

One of the innovations of the new constitutional text is represented by the articles 241 and 242, which define a regime of participation and social control on all levels of the State. The reach of these innovative additions constitutes progress in terms of strengthening responsible, civil society participation and opening institutionalized spaces within the State in order to assure and channel participation by the living forces of society.

It has been established that organized civil society will participate in the design, planning and formation of public policies, and will exercise social control over public management and the quality of the public services provided to the citizenry. Such participation has also been defined as implying the generation of a transparent and open management of information, as well as collaboration in the procedures for public observation of the designation of authorities. The new legal codes also provide support for making the campaigns of candidates for public office transparent, as they should be.

We point out that this is positive progress, in that for the first time the mechanisms that make it possible for the public to exercise its political right to participation and control over political power, and enforcement of the acts of public officials, are constitutionally guaranteed.

Within this constitutional transition, the country will begin a process for the legislative development of the new constitution. This is to say that it is not only about making participation part of the constitution, but also institutionalizing this participation and effectively implementing its mechanisms as well. In this way, a Law of Participation and Social Control must be passed that regulates this aspect of the transition. Such regulation includes several challenges; for example, there is the question of how these participative mechanisms are to be integrally expressed in other and new laws that regulate the operation of the Organs of the State. Other challenges, and possibly the most polemic, have to do with how to preserve the autonomy of civil society, guaranteeing their complex diversity while opening participation to all citizens, individually or collectively organized, so that this democratic progress does not end up being co-opted by the State or monopolized by a group of social organizations that are exclusively represented while excluding not only their own social bases, but the rest of society as well. This represents the main challenge: whether participation and social control become a bureaucratic and corporative entity, prisoner to specific sector interests, or if they become institutionalized processes of open, plural and transparent public participation.

Una de esas innovaciones del nuevo texto constitucional son los artículos 241 y 242, que definen un régimen de participación y control social en todos los niveles de Estado, cuyo alcance constituye un avance en términos de fortalecer la participación responsable de la sociedad civil y de abrir espacios institucionalizados en el Estado para asegurar y canalizar esa participación de las fuerzas vivas de la sociedad.

Se establece que la sociedad civil organizada participara en el diseño, planificación y formulación de las políticas públicas, ejercerá el control social a la gestión pública y a la calidad de los servicios públicos que se prestan al ciudadano. También se define que esa participación implica la generación de un manejo transparente y abierto de la información, así como la colaboración en los procedimientos de observación pública para la designación de autoridades, además del apoyo en transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan.

Señalamos que este es un avance positivo, ya que por vez primera se constitucionalizan los mecanismos que hacen posible a los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de sus derechos políticos a la participación en el control del poder político y fiscalización de los actos de los funcionarios públicos.

Ahora, dentro esta transición constitucional el país ingresará al desarrollo legislativo de la nueva constitución, es decir no se trata solo de constitucionalizar la participación, ahora se debe institucionalizar aquella e implementar efectivamente sus mecanismos. Al efecto, se deberá aprobar una Ley de Participación y Control Social que reglamente este capítulo. Aquí, hay varios desafíos; unos sobre cómo se articulan integralmente estos mecanismos participativos en las otras y próximas nuevas leyes que regularan el funcionamiento de los Órganos del Estado, otros que tienen que ver –tal vez los más polémicos creo- sobre cómo preservar la autonomía de la sociedad civil, garantizando su diversidad compleja y abriendo esa participación a todos los ciudadanos, individual o colectivamente organizados, a fin que estos avances democráticos no terminen cooptados por el Estado ni monopolizados por un grupo de organizaciones sociales que se tientan en representar de forma exclusiva y excluyente no solo a sus bases, sino a la sociedad misma. Y este, es el desafío principal, si la participación y el control social de convierte en un ente burocrático, corporativo, preso de intereses sectoriales, o más bien se institucionalizan instancias de participación ciudadana abiertas, plurales y transparentes.

Artículo escrito por Ramiro Orias, Abogado boliviano, Magister en Estudios Internacionales, miembro de la Red Participación y Justicia.

Women’s organizations from Bañado Sur of Asuncion, together with SEMILLAS para la Democracia and the Primary Health Attention (APS, for its Spanish acronym) of the Public Health Ministry, propelled the roundtable discussion: “When complaints (alone) are not enough”. The proposal for this event emerged from the work that these organizations do in this sector of the city of Asuncion, as a response to the many existing cases of violence against women.

This initiative made it possible to open a space for dialogue in which the participants shared their analyses and experiences regarding ways of assisting cases of violence against women in the Bañado Sur and other communities.

APS agents, who are also members of SEMILLAS and references for the Bañado Sur communities and the general public that is interested in this issue, gathered for this roundtable discussion, which was held in the Spanish Cultural Center “Juan de Salazar”.

At the meeting, several participants shared their personal experiences in cases of violence. “During the experience we identified a large number of women who are victims of violence and for whom the state responds too late or not at all,” pointed out Mirta Moragas, a lawyer for SEMILLAS para la Democracia.

“We reflected on which would be the best strategies to assist and intervene in crisis situations in the communities. We also spoke of the problems of state intervention, in that it is mostly punitive, and in that the measures for protection stipulated by the law 1600 arrive too late and are not always fulfilled,” added Moragas, of the Public Participation area of SEMILLAS.

The participants agreed on the importance to continue insisting that violence against women is not a private matter, and that it is an obligation to intervene by supporting the victims whenever necessary. They concluded that not intervening means legitimizing the violence.

SEMILLAS and these organizations plan to repeat this roundtable, in addition to initiating courses on legal rights in the Bañado Sur, and installing a legal consulting center.

The work is framed in the project “Legal Assistance with a Gender Perspective in the Bañados of Asuncion,” supported by UNIFEM. It seeks to provide juridical tools that aid in accessing justice, with a significant emphasis on the issue of violence against women.

Organizaciones de mujeres del Bañado Sur de Asunción, en conjunto con SEMILLAS para la Democracia y las redes de Atención Primaria a la Salud (APS) del Ministerio de Salud Publica, impulsaron el conversatorio “Cuando la denuncia (sola) no alcanza”. La propuesta nace del trabajo que estas organizaciones realizan en esta zona de la ciudad de Asunción, a manera de respuestas a los muchos casos de violencia contra la mujer existentes.

Esta iniciativa posibilitó la apertura de un espacio de diálogo en donde las/ los participantes compartieron análisis y experiencias en torno a los modos de acompañar los casos de violencia contra la mujer en el bañado sur y otras comunidades.

Agentes de APS, miembros de SEMILLAS, referentes comunitarias/os del Bañado Sur y público en general interesado en el tema se juntaron para este conversatorio, que se llevó a cabo en Centro Cultural de España “Juan de Salazar”.

En la reunión, varios participantes compartieron experiencias personales como protagonistas de casos de violencia. “En la experiencia identificamos gran cantidad de mujeres víctimas de violencia a quienes las respuestas estatales no llegan o llegan tarde” señaló Mirta Moragas, abogada de SEMILLAS para la Democracia.

“Reflexionamos acerca de cuáles pueden ser las estrategias para acompañar e intervenir en situaciones de crisis en las comunidades. Hablamos también de los problemas que tiene la intervención estatal al ser más que nada punitiva y donde las medidas de protección de la ley 1600 llegan muy tarde y no siempre se cumplen” añadió Moragas, del área Participación Ciudadana de SEMILLAS.

Los participantes coincidieron en la importancia de seguir sosteniendo que la violencia contra las mujeres no es un tema privado y que hay que intervenir apoyando a las víctimas las veces que sea necesario. No intervenir significa legitimar la violencia, concluyeron.

SEMILLAS y estas organizaciones planean replicar este conversatorio, además de iniciar los cursos sobre derechos en el Bañado Sur e instalar un consultorio jurídico.

El trabajo se enmarca en el proyecto “Extensionismo Jurídico con Perspectiva de Género en los Bañados de Asunción” apoyado por UNIFEM. Busca brindar herramientas jurídicas para acceso a la justicia, haciendo importante énfasis en el tema violencia contra las mujeres.

Ricardo Sol es el Director del “Programa Sociedad Civil y Participación” de la Fundación para la Paz y la Democracia y el Coordinador Nacional de la Red Democracia Activa en Costa Rica.

Algunas reflexiones sobre movimientos sociales y participación ciudadana que destaca Ricardo Sol del Encuentro realizado son las siguientes:

1. Los movimientos sociales se refieren a las movilizaciones auténticas de ciudadanos organizados que tienen su origen en necesidades sentidas y en expresiones culturales, étnicas, laborales, productivas y territoriales.
2. La construcción en América Latina de movimientos sociales se presenta como una realidad relevante para el rescate y la construcción de la democracia, en la medida en que son expresión de la sociedad organizada, en su diversidad y en torno a sus derechos y responsabilidades.
3. Se observa que las fuerzas políticas, que en ocasiones recurrieron a estos movimientos, al alcanzar el poder, tienden a ignorarlos o a instrumentalizarlos, desvirtuando su origen y sus aspiraciones legítimas.
4. A su vez, las fuerzas del mercado pretenden reducir la categoría de ciudadano a la de consumidor, para desmotivarlos en su participación en la búsqueda de soluciones a sus necesidades.
5. Constatamos que expresiones totalitarias del poder político o económico, pretenden suprimir el pluralismo de las organizaciones sociales, para someterlas a intereses mercantiles o de partidos. Cuando esto sucede los poderes autoritarios legitiman sus propios propósitos, desvirtúan la iniciativa, la identidad y el pluralismo de las organizaciones ciudadanas.

En torno a la participación ciudadana se concluyó que:

1. La democracia, etimológicamente, identifica un régimen que se sustenta y responde a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas. No obstante, en el ejercicio real de la democracia practicada hasta ahora en América Latina, la ciudadanía se ha reducido al ejercicio electoral a través del voto.
2. Un régimen democrático, debe garantizar los derechos, la seguridad y el desarrollo integral de la persona humana, para que ellos sean sujeto de derechos y actores efectivos en la construcción de la misma democracia y del desarrollo integral de la sociedad.
3. La participación ciudadana tiene un fundamento ético, de responsabilidad, de ser sujeto en la construcción de su futuro, en el marco del bien común. Reconoce la diversidad social y en consecuencia el conflicto como realidad social. Esto requiere tolerancia, dialogo, debate y deliberación, para construir consensos y proyectos sociales.
4. La participación ciudadana demanda recursos organizativos, técnicos, informativos, informáticos, financieros y los espacios físicos para su ejercicio eficiente y eficaz. Asimismo, demanda un marco legal que sustente, promueva y apoye el ejercicio de la ciudadanía en los asuntos públicos, comunales o locales, sectoriales, judiciales, legislativos o ejecutivos.

Ricardo Sol is the Director of the “Civil Society and Participation Program” of the Foundation for Peace and Democracy (Fundpadem, for its Spanish acronym), as well as the National Coordinator of the Active Democracy Network in Costa Rica.

Some reflections on social movements and public participation pointed out by Ricardo Sol at the meeting are the following:

1. Social movements refer to authentic movements of organized citizens that originate from felt needs and cultural, ethnic, labor, productive and territorial expressions.
2. The construction of social movements in Latin America is presented as a relevant reality for the recovery and creation of democracy, as they are organized expressions of society in its diversity and based on rights and responsibilities.
3. It is observed that political forces, which on occasion have recurred to such movements, tend to ignore or manipulate them after having reached a position of power, distorting their origins and legitimate aspirations.
4. In turn, market forces seek to reduce the category of the citizen to that of a consumer, in order to discourage their participation in the search for solutions to their needs.
5. We affirm that totalitarian expressions of political or economic power seek to suppress the pluralism of social organizations, in order to subject them to market or political party interests. When this occurs, authoritarian powers legitimate their own purposes, detracting from the initiative, identity and pluralism of public organizations.

Regarding public participation, he concluded that:

1. Democracy, etymologically speaking, refers to a regime that sustains and responds to people, to the citizens. However, in the actual exercising of democracy as it is practiced today in Latin America, the public has been reduced to mere voting in the electoral process.
2. A democratic regime must guarantee the rights, security and integral development of human beings, so that they are able to enjoy their rights as effective actors in the construction of democracy and the integral development of society.
3. Public participation has an ethical foundation of responsibility, to be part of building the future in the context of the common good. This is in recognition of social diversity, and thus in conflict, as a social reality. This requires tolerance, dialogue, debate and deliberation, in order to build consensus and social projects.
4. Public participation demands organizational, technical, informational, financial and physical resources for its effective and efficient implementation. As such, it demands a legal framework that sustains, promotes and supports the public’s participation in public, communal, local, sector, judicial, legislative or executive affairs.

With a two-day workshop in Santiago, Active Democracy, a citizen network present in 21 countries throughout the Americas, is closing the process for the evaluation of its last three years of operation.

Representatives from Bolivia, Peru, Venezuela, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Chile, the Dominican Republic, Mexico and Brazil attended the workshop.

One of the most significant activities was centered on the culmination of a diligent job to improve the methodology for the Evaluation of Government Compliance Index, a tool developed and applied by the member organizations of Active Democracy in their respective countries. This tools is used to identify whether or not governments are complying with the mandates of the Summits of the Americas in the four fundamental areas for the strengthening of democracy: Freedom of Expression, Access to Information, Decentralization and Local Governments, and Public Participation.

Secondly, the results of the evaluative process to inform on the achievements and pending challenges for the Active Democracy Network were reported.

The results were obtained from the questionnaires filled out by 18 National Coordinators, and from interviews held with OAS Ambassadors, donors and civil society organizations that participated in the OAS activities.

Very substantive discussions were held and analyses made regarding the political reality in the region, reaching an agreement on the need to continue working systematically in the four previously mentioned areas, and to strengthen multilateral spaces. Strategic definitions were established for the future of the Network, which will be merged into a continuity strategy.