Trinidad and Tobago’s civil society is still being left out of the decision-making process at the government level.
And even though the government had committed itself at the 2003 Summit of the Americas held in Quebec, to give due recognition to civil groups and to allow them to be part of State boards and committees which have an active role in making decisions that affect all citizens, the country was yet to see this become a reality.

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Y aunque el gobierno se había comprometido en la Cumbre de las Américas del 2001 sostenida en Québec, al reconocer a los grupos civiles y permitir que formen parte de los directorios y comités estatales, los cuales juegan un rol activo en la toma de decisiones que afectan a todos los ciudadanos, esto todavía no se ha convertido en una realidad dentro del país. (more…)

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Estos consensos se han dado principalmente en dos frentes: a) el político-partidario y b) el socio-gremial. En lo que se refiere al primero, la consolidación e institucionalización de la mesa política de la APC, que aparentemente será el espacio para dirimir las diferencias suscitadas en esta agrupación pluripartidaria, es un primer síntoma de estabilidad. Fuera de este ámbito, también existen indicios de apoyo al futuro gobierno por parte de fuerzas políticas conservadoras como el partido del general en situación de retiro Lino Oviedo, UNACE y de parte de parlamentarios pertenecientes a la agrupación del empresario Pedro Fadul, el Partido Patria Querida. Sin embargo, en el caso del UNACE, existe mayor afinidad de intereses entre Lino Oviedo y la cúpula de la Asociación Nacional Republicana, organización partidaria en la que el general inició su carrera política y su meteórico proceso de acumulación económica. En el caso de Patria Querida, se habla de posibilidades de acuerdos puntuales en el Congreso.

El escenario político partidario se completa con el bloque de la ahora opositora Asociación Nacional Republicana (ANR), que actualmente sigue administrando con dificultad una profunda crisis que se evidenció durante el período pre-electoral, representada por los dos proyectos políticos internos: el encabezado por el ingeniero Luis Castiglioni, joven dirigente del ala dura de la oligarquía colorada y cercano al proyecto estadounidense de liberalización económica de América Latina, por un lado, y el liderado, hasta la derrota, por el actual Presidente de la República, que se identifica con un proyecto populista conservador dentro del Partido Colorado. Esta situación bipolar al interior del partido que ha gobernado durante 61 años el Paraguay, ha degenerado en una progresiva atomización en función a liderazgos personales luego de la derrota, calificada por los principales caudillos de la tradicional fuerza partidaria como “catastrófica”. El sector que hasta ahora ha logrado mantener una relativa cohesión ha sido el sector castiglionista aglutinado por la figura del Movimiento Vanguardia Colorada, aunque aún sin lograr un consenso claro sobre su principal premisa: la renovación de autoridades en el Partido Colorado. El que ha acusado mayor impacto luego de la derrota ha sido el sector nicanorista, identificado con el Movimiento Progresista Colorado, que como mínimo se ha descompuesto en dos frentes, uno que responde al electo senador Juan Carlos Galaverna y otro a Nicanor Duarte.

El sector de Vanguardia Colorada, si bien aún no constituye la fuerza hegemónica dentro de la estructura del Partido Colorado, ya ha hecho pública su voluntad de contribuir con la gobernabilidad durante el próximo período constitucional. Esto se puede entender como parte de la táctica de alejamiento del oficialismo colorado, aunque dirigentes de distintos partidos de la Alianza Patriótica para el Cambio confirman el avance del diálogo con el sector de Vanguardia en función a un Congreso favorable al futuro gobierno.
En este escenario político-partidario, que básicamente implica una recomposición del sistema político, se están negociando cuestiones que hacen a la institucionalidad del país como la renovación total de la Corte Suprema de Justicia, cuya legitimidad se ha visto deteriorada debido a su evidente parcialidad a favor al proyecto hegemónico de Nicanor Duarte durante el período de gobierno que llega a su fin, asimismo, el cambio de los tres miembros del Tribunal de Justicia Electoral y el posible juicio político al Fiscal General de la República antes de que culmine el período de gobierno, una vez que los nuevos parlamentarios asuman sus cargos el próximo 1 de julio.

Estos temas se debaten en el marco de una doble tensión, una entre el bloque oficialista de la Alianza y el colorado, y otra al interior de la Asociación Nacional Republicana en su proceso de recomposición de la estructura de poder. En lo que hace a las modificaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público, el oviedismo está identificado como aliado del sector nicanorista, al menos hasta el próximo 15 de agosto, cuando Nicanor perderá los hilos de influencia sobre magistrados que pudieran afectar la situación jurídica del líder de UNACE, Lino Oviedo.

El otro aspecto que hace al escenario político-partidario es la conformación del futuro gabinete y afecta principalmente al bloque de la Alianza Patriótica para el Cambio y los sectores afines al Presidente electo. En este sentido, el período inmediato posterior a la victoria se vio marcado por las abiertas disputas entre los sectores de la APC, sin embargo el nombramiento de algunos ministros y la negativa del futuro Presidente de establecer un mecanismo de cuoteo ha logrado cierta calma. Ante la opinión pública, hasta ahora, las personas nombradas no han recibido críticas graves, lo que contribuye a la legitimidad con la que asumirá el nuevo gobierno.
En las últimas semanas, lo que ha logrado enfrentar a sectores integrantes de la Alianza Patriótica para el Cambio ha sido el factor programático. Como era de esperarse ante un cambio radical en la administración del Estado, en las distintas áreas sensibles como salud, educación, tierra, economía, los grupos de presión y formadores de opinión han instalado los debates sobre las acciones inmediatas y de largo plazo que el gobierno de la APC debería tomar. Uno de los temas que suscitó la primera contradicción en términos programáticos dentro de la Alianza, al menos en el escenario mediático, fue el tema de la concentración de la propiedad de la tierra y las ocupaciones por parte de organizaciones campesinas. Esta contradicción refleja la variedad ideológica en la composición de la plataforma electoral que llevó a Fernando Lugo a la victoria el 20 de abril, la que se encuentra representada por un lado por el Partido Liberal Radical Auténtico y por otro al Movimiento Popular Tekojoja, el Partido Movimiento al Socialismo y otras fuerzas de orientación socialista.

En lo que se refiere al segundo escenario, el socio-gremial, existe una situación de tensión estable. Por un lado se encuentran los gremios de productores agrícolas y ganaderos, que han expresado su confianza en el futuro gobierno aunque al mismo tiempo muestran su incertidumbre con respecto a la posición del Presidente electo con respecto al tema clave: la propiedad privada. Los gremios empresariales hasta ahora no han manifestado desacuerdo con los nombramientos en Hacienda e Industria y Comercio, y se ha generado tranquilidad en este sector con las posibilidades de inversión extranjera que se están abriendo a partir del cambio de signo partidario en el Gobierno.

La caída de la cúpula colorada del gobierno ha despertado también el optimismo de diversos sectores sociales: profesionales, campesinos, trabajadores de diversas áreas, estudiantes, iniciaron una serie de movilizaciones, reuniones y visitas al futuro Presidente con la intención de acercar propuestas de planes y programas orientados a satisfacer demandas históricamente postergadas. Este incremento de las acciones de los sectores sociales y la mayor visibilidad de los reclamos tiene relación con la base social que ha sostenido el proceso político de Fernando Lugo. Estos sectores ven como una posibilidad real su protagonismo en la toma de decisiones y en la orientación de las políticas públicas.

El incremento de las actividades en los sectores sociales marginados, por un lado, frente a la preocupación de los gremios conservadores representantes de los sectores oligárquicos tradicionales que controlan los medios de producción y reproducción material y simbólica del país, a través de redes que trascienden las fronteras, muestran la recomposición estructural que implicó la victoria a través de las urnas del proyecto de la Alianza Patriótica para el Cambio y señalan la orientación que tendrá el nuevo gobierno.

Como balance general pos-electoral se puede identificar un fortalecimiento de las instituciones democráticas, principalmente en lo que hace al rol del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que a pesar de los fuertes cuestionamientos de parcialidad y de falta de independencia, garantizó la legitimidad del proceso. No se debe, por supuesto, perder de vista la gran cantidad de denuncias de fraude pre-electoral, las manipulaciones de padrones, la dispersión de votantes y otros casos de irregularidades comprobadas en el ámbito del TSJE. Así como se debe asumir el rol fundamental que esta vez cumplió la observación internacional para garantizar la transparencia y legitimidad de los comicios. Sin embargo, el balance institucional es positivo.
El otro elemento global a resaltar es la consolidación de la institucionalidad democrática en lo que hace al sistema de partidos, la que se denota en el reconocimiento casi inmediato de la victoria de la APC por parte de todas las agrupaciones partidarias, a diferencia de otras oportunidades en las que la judicialización, la generación de incidentes extrajudiciales y hasta el fraude pos-electoral, fueron una constante.

Estos dos últimos puntos tienen que ver principalmente con el amplio margen con el que gana el proyecto aliancista, pero sigue siendo una muestra de fortaleza del sistema democrático-liberal.
En resumen, en Paraguay se dio un cambio radical en cuanto al control del aparato Estatal (caída del Partido Colorado) y una modificación de grado en la estructura del sistema político, relacionado entre otros factores, con las nuevas relaciones de fuerza en el Congreso. Y esto, a través de un proceso electoral transparente, legítimo y con alta participación popular (más del 65%). Así se rompe con la tradición política nacional de golpes de estado, fraude y control oligárquico del gobierno, se legitima un sistema de gobierno cuya imagen estaba deteriorada (Paraguay era hasta estas elecciones uno de los países con mayor rechazo-menor valoración de la democracia en la región) y se inicia una nueva etapa en la (mal) llamada “transición”: la de la alternancia.

Una contribución de Semillas para la Democracia.
Marta Ferrara, Directora Ejecutiva - martaferrara@spd.org.py

Catalina Delpiano of Corporacion PARTICIPA intervened in the meeting with Mr. Insulza, which more than 100 people attended, highlighting the existence of this hemispheric Network present in 23 countries, with 10 years of experience in the following up of the commitments attained at the Summits of the America. She also talked of the expectation that the efforts of the OAS and the member countries will contribute to the work of follow-up that they are doing today through the EGCI, in order to determine how each nation is progressing on their compliance with the mandates that they committed to at their meetings in the inter-American system. She was appreciative of the support of ACDI, CIDI/OAS, OSI and the Summits Secretariat, because thanks to their contribution this initiative is made possible.

The Dialogue with the official Delegates included more than 400 people in attendance, in which there were 16 interventions by the Civil Society and 13 by the governments. Kris Rampersad, of the Network for NGO’s of Trinidad and Tobago for Advancement of Women and in representation of the Network made his intervention, pointing out that the work that is taking place in the 23 countries that make up the Network will bear fruit with the Evaluation of Government Compliance Index. The preliminary results in 9 countries point out that the progress in the fulfillment of the mandates for the strengthening of democracy is slow, modest and in some cases worrying. The best-evaluated area is Access to Information, and that area which represents the biggest setbacks is Decentralization and Strengthening of citizen participation. This last one is worrying in that it is the base for democratic practices.

The Participation and Justice Network, as the civil society organization acting as the national coordinator in Bolivia for the hemispheric project of follow-up on governmental compliance with commitments attained by the countries in the region at the Summits of the Americas, has concluded an active stage of work and consulting with 35 national experts, with whom they have evaluated the progress in terms of the freedom of expression, access to information, decentralization and strengthening of civil society.

Currently, the first phase established for the construction of the Evaluation of Government Compliance Index (EGCI) has been concluded, having taken the criteria and perceptions of a wide, diverse and pluralistic panel of individual experts with well-known public experience into account, as well as those of important civil society organizations in the country. These people –in following the methodology of the hemispheric project- made their classifications and evaluations through the matrices of perception and classifications established to these ends, and based on which the Evaluation of Government Compliance Index will be constructed. These were sent to the Hemispheric Coordination Team (HCT) for their processing and consolidation.

This process of classification and evaluation included the participation of 35 experts, of which 17 represent civil society organizations in Bolivia, which are: Universidad Nacional Ecologica of Santa Cruz de la Sierra, National Media Observatory (ONADEM), Democratic Development and Citizen Participation (DDPC), Association of Municipalities of North La Paz, CODEPEDIS, National Network of Citizen Participation and Social Management (RED-PCCS), ADESPROC LIBERTAD, Universidad Salesiana Boliviana, FEDEPAR EL ALTO, C.O.R. EL ALTO, FEJUVE EL ALTO, Gregoria Apaza Center for the Promotion of Woman (AMUPEI), Fundamental Rights ABC-DF, CONNIOB, Coordinator of Women, CADIC and MOCUSABOL. With representatives from these organizations they were able to include the valuable support of the individual experts who are specialists on the matters and the vision of the Civil Society Organizations, all of which enriches this follow-up.

It is important to mention that this follow-up centered on four thematic areas: Decentralization and Local Governments; Access to Public Information; Freedom of Expression and Strengthening of Civil Society Participation; it included more than 8 evaluators per thematic area or panel, on which there was significant participation by women.

La Red Participación y Justicia es una organización de la sociedad civil Coordinadora Nacional en Bolivia del proyecto hemisférico de seguimiento al cumplimiento gubernamental de los compromisos asumidos por los países de la región en la cumbre de las Américas, ha concluido una activa etapa de trabajo y consulta con 35 expertos nacionales, con los que se ha evaluado los avances en materia de libertad de expresión, acceso a la información, descentralización y fortalecimiento de la sociedad civil.

Actualmente, se ha concluido con la primera fase establecida para la construcción del Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental (IECG), habiendo recogido el criterio y percepción de un amplio, diverso y plural panel de expertos individuales de reconocida trayectoria pública, así como de importantes organizaciones de la sociedad civil del país. Dichas personalidades –siguiendo la metodología del proyecto hemisférico- realizaron sus clasificaciones y evaluaciones, a través de las matrices de percepción y clasificaciones, establecidas para el efecto, en base a las cuales se construirá el Índice de Evaluación del Cumplimiento Gubernamental (IECG), mismas que fueron enviadas al Equipo Coordinador Hemisférico (ECH), para su procesamiento y consolidación.

Este proceso, de clasificación y evaluación, contó con la participación de 35 Expertos, de los cuales 17 representan a organizaciones de la sociedad civil de Bolivia, las cuales son: Universidad Nacional Ecológica de Santa Cruz de la Sierra, Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana (DDPC), Mancomunidad de Municipios del Norte de La Paz, CODEPEDIS, Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social (RED-PCCS), ADESPROC LIBERTAD, Universidad Salesiana Boliviana, FEDEPAR EL ALTO, C.O.R. EL ALTO, FEJUVE EL ALTO, Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA), Articulación de la Mujer por Equidad e Igualdad (AMUPEI), Derechos Fundamentales ABC-DF, CONNIOB, Coordinadora de la Mujer, CADIC y MOCUSABOL, con lo que se logró contar con el valioso aporte de los expertos individuales especialistas en la temática y la visión de las Organizaciones de la Sociedad Civil, lo cual enriquece este seguimiento.

Es importante mencionar que este seguimiento centrado a cuatro áreas temáticas: Descentralización y Gobiernos Locales; Acceso a la Información Pública; Libertad de Expresión y Fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil; contó con más de 8 evaluadores por área temática o panel, en los que existió una importante participación de las mujeres.

Ramiro Orias, Red Participación y Justicia - rorias@participacionyjusticia.org